Caso cedroneros es denunciado ante el Comité de Derechos Humanos
17.08.2008 21:26
La denuncia fue presentada ante el organismo de Naciones Unidas con sede en Ginebra, por dos víctimas del caso, con el patrocinio de la CODEHUPY y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Es el primer caso contra Paraguay que se presenta ante el sistema universal de protección de derechos humanos.
El 3 de junio de 2003 una manifestación de protesta de los cedroneros fue violentamente reprimida por las fuerzas públicas. Los agentes hirieron con disparos de arma de fuego a 16 personas. Un manifestante, el señor Eulalio Blanco Olmedo, fue asesinado por un policía que le disparó a quemarropa por la espalda, aún a pesar que se había arrodillado sobre el asfalto y levantado los brazos en señal de rendición.
Unas 21 personas, entre manifestantes y dirigentes de la CPA-SPN, fueron detenidas y sometidas a torturas y malos tratos en la comisaría N° 18 de Santa Rosa del Aguaray al término de la represión. Entre las víctimas de tortura se encontraba Ernesto Benítez Gamarra, secretario de educación de la CPA-SPN.
El caso quedó en la impunidad ya que nunca fue debidamente investigado. El fiscal penal que dirigió la represión y consintió las torturas a los detenidos fue absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y continúa desempeñando funciones en el Ministerio Público.
El caso cedroneros es un ejemplo de la estrategia de criminalización de las protestas sociales. Al menos 42 dirigentes y militantes de la organización fueron imputados por haber bloqueado la ruta. La imputación del fiscal, sin pruebas ni fundamentos, permitió que la justicia dicte medidas alternativas a la prisión violatorias de derechos constitucionales como la vigilancia policial y fiscal, la prohibición de participar en reuniones y manifestaciones, la prohibición de salir del departamento de San Pedro y del país y la prohibición de comunicarse entre los procesados. Dichas medidas represivas se mantuvieron vigentes por cuatro años.
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de vigilancia con competencia para conocer denuncias y sancionar a los Estados por violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Paraguay ratificó el Pacto por Ley N° 4/92.
La denuncia alega que el Paraguay violó el derecho a la vida (art. 6 del Pacto), el derecho a la integridad personal (art. 7) y el derecho a un recurso judicial efectivo (art. 2 inciso 3).
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